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Posicionamiento político de las mujeres a propósito de la ley de igualdad

1. Antecedentes y contexto

Desde hace varias décadas atrás, nosotras, las mujeres ecuatorianas diversas, desde el campo y la ciudad, hemos luchado en las comunidades y barrios para mejorar la calidad de vida nuestra y de nuestras familias, hemos transitado desde las necesidades básicas hasta las necesidades estratégicas como mujeres y nos hemos organizado y empoderado para defender nuestros derechos sexuales y reproductivos tanto como los derechos a la autonomía económica y a la participación política.

Aprendimos que nada se podría cambiar sin nuestra voz y presencia firmes en todos los niveles de decisión y por ello decidimos apostarle a la construcción de la institucionalidad pública para la promoción de la igualdad de género y la defensa de los derechos de las mujeres. Participamos activamente, en el proceso de retorno a la democracia en 1980 para demandar la implementación de la Oficina Nacional de la Mujer, como el mecanismo especializado del Estado que nos permitiera abrir el camino hacia la construcción de políticas de igualdad de género y de adelanto de la mujer. Desde entonces, nuestra primera demanda al Estado y a los partidos políticos fue mantener la especialización del organismo estatal, su rango institucional y un presupuesto que garantizara una labor eficaz.

La lucha ha sido larga. Sólo en 1986 conseguimos que se elevara de estatus a la Oficina de la Mujer del entonces Ministerio de Bienestar Social a Dirección Nacional de la Mujer y posteriormente, en 1997 a Consejo Nacional de las Mujeres, como organismo público del más alto nivel en el Estado ecuatoriano, adscrito a la Presidencia de la República, con el rol rector de las polìticas públicas para la igualdad entre mujeres y hombres, con la participación activa y comprometida de las organizaciones de mujeres para incidir en la definición de la institucionalidad del CONAMU.

Es decir, ejercimos nuestra ciudadanía activamente, crecimos y multiplicamos nuestras voces diversas en todo el territorio nacional y fuera de él.

Con el Decreto Ejecutivo 1733, del 25 de mayo de 2009, el Gobierno Nacional del Presidente Correa eliminó el CONAMU y estableció la Comisión de Transición hacia el Consejo de las Mujeres y la Igualdad de Género, de acuerdo a lo establecido en la Constitución del 2008. El decreto no establece plazos para la transición ni tampoco mecanismos de participación de la sociedad civil en el proceso de diseño de la institucionalidad y formulación de la normativa que regirá el nuevo Consejo de las Mujeres y la Igualdad de Género. Nos preguntamos, ¿hasta cuándo debemos esperar?

Ha transcurrido un año y no hemos visto más que el desmoronamiento del mecanismo nacional de igualdad, lo que ha repercutido de manera negativa en la institucionalidad de género creada con tanto esfuerzo durante dos décadas en las diversas funciones del Estado y en los diferentes niveles de gobierno. De esta manera, se ha incumplido no solamente con las mujeres del país sino con las obligaciones asumidas por el Estado ecuatoriano a través de los instrumentos internacionales de derechos humanos, particularmente con la CEDAW, las Observaciones y Recomendaciones del Comité de la CEDAW de octubre del 2008,. La Plataforma de Acción de Beijing, el Programa de Acción del Cairo y el Consenso de Quito. Por todo ello, necesitamos una ley de igualdad que fortalezca el accionar estatal para evitar cualquier forma de discriminación contra las mujeres, que permita a sectores históricamente discriminados, excluidos o en condiciones de desventaja acceder en condiciones de equidad y justicia social a oportunidades que viabilicen la vigencia del Sumak Kawsay. Necesitamos una ley material, que permita la concreción de todos los derechos alcanzados en la nueva Constitución.

2. Qué queremos las mujeres

Las mujeres hemos construido ciudadanía, adelantándonos a las políticas públicas, y tenemos experiencia acumulada en ese proceso. Sabemos de nuestras necesidades y de las de nuestras familias, por lo que tenemos capacidad para contribuir de manera efectiva en la definición de los mecanismos y políticas que nos incumben. Tenemos capacidad y experiencia para establecer un diálogo respetuoso y fructífero enmarcado en el cumplimiento de la Constitución del 2008 y del Plan Nacional del Buen Vivir 2009 – 2013.

Buscamos una institucionalidad que responda a las necesidades de las mujeres diversas, que sea consecuente y concordante con lo que establece la Constitución y la Ley de Participación Ciudadana, que impulse la participación y respete la autonomía del movimiento de mujeres en todos los niveles.

Las mujeres queremos ejercer a plenitud nuestra ciudadanía plena y activa y por ello queremos participar en la construcción y ejecución de la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres.

Por todo lo anterior, queremos una Ley que sea específica, que no esté subsumida en un marco general que busca normar las diferencias, sin mirar las especificidades: las mujeres somos más del cincuenta por ciento de la población y merecemos un tratamiento diferente. Existen mujeres indígenas, mujeres con capacidades especiales, mujeres niñas y adolescentes, campesinas, rurales, profesionales, quienes viven condiciones de doble o triple vulneración de derechos. Ellas serán parte de la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres y también estarán sujetas a otros marcos de Ley (CONADIS, Generacional, CODENPE, CODAE, Consejo de Pueblos Montubios).

Las mujeres, no solo somos un grupo de atención prioritaria. Somos, ciudadanas sujetas de derechos y por tanto demandamos una institucionalidad y políticas públicas específicas para garantizar el ejercicio pleno del conjunto de nuestros derechos. Necesitamos una Ley que precise la participación de la sociedad civil en la estructura institucional y en las atribuciones a lo largo del ciclo de la política pública, para garantizar la transversalidad de género. Queremos que en La Ley conste, de manera clara la parte orgánica y por tanto la institucionalidad, su estructura y funcionamiento definidos en la Constitución de conformidad con lo establecido en el artículo 157 y también las fuentes con las que se financiará el presupuesto para dar cabal cumplimiento a su mandato constitucional. Queremos que la Ley defina claramente el rol que tiene cada función del Estado en el cumplimiento y aplicación de su contenido de manera vinculante. Para garantizar la igualdad y la no discriminación se requiere de las cinco funciones del Estado actuando coordinadamente en todos los niveles de gobierno, sin fragmentar su responsabilidad sectorial, cuando es necesario garantizar políticas públicas de carácter integral para las mujeres. Queremos que, de conformidad con lo establecido en la Ley de Participación Ciudadana vigente (Artículos 7 y 13), se contemplen las obligaciones de las instituciones de todos los niveles de gobierno de contar con la participación ciudadana en la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación, a través de mecanismos autónomos de vigilancia y control ciudadano de las políticas, planes, programas y servicios.

Los Consejos deberán asumir la responsabilidad de coordinación de los procesos de transversalización, para garantizar políticas públicas coherentes. Queremos que la Ley promueva políticas de incentivo por buenas prácticas, programas de prevención, capacitación, mecanismos innovadores que modifiquen los imaginarios y patrones de conducta discriminatorios, Los derechos de las mujeres nos son declarativos, son derechos mandatorios que deben cumplirse. La superación de la pobreza es un objetivo que necesariamente debe conjugarse con la justicia social, la redistribución de los recursos y el acceso a una justicia justa, para el logro de la igualdad y la no-discriminación, en el marco del Buen Vivir como modelo de sociedad. De esta manera se fortalece la puesta en vigencia de políticas para la protección integral de nuestros derechos, que son, por definición, inalienables, indivisibles, irrenunciables e intransigibles. Hace falta incluir políticas conciliatorias de la vida laboral y la vida familiar, partiendo del reconocimiento al trabajo no remunerado, de la promoción de las políticas del cuidado, como parte del nuevo modelo de desarrollo centrado en el cuidado de la vida, en una nueva forma de convivencia ciudadana, en diversidad y armonía con la naturaleza, para alcanzar el buen vivir, el sumak kawsay. Así mismo es necesario incluir medidas de acción positiva que garanticen el acceso, uso y control de los re
cursos financieros, la tierra, vivienda y la tecnología.

Las políticas en el ámbito de la salud requieren una visión integradora con la legislación vigente en la Ley Orgánica de salud, particularmente, los capítulos 2 y 3 y Art. 20 y 27 referentes a los derechos sexuales y reproductivos y al tratamiento de la violencia como un problema de salud pública. El sector educación tiene una enorme tarea en cuanto al cambio de imaginarios y en el aporte a la creación de nuevas formas de relacionamiento, basadas en el respeto y la solidaridad. pues los principios de coeducación, calidad y no discriminación, entre los que se incluye la prevención y erradicación del delito sexual y otras violencias de género (trata, tráfico, explotación sexual y pornografía), han sido insuficientes para suprimir la violación de derechos sexuales en el ámbito educativo y en la sociedad en general. El Estado tiene la obligación de pasar de la Constitución formal a la Constitución material, lo cual implica establecer los mecanismos e instrumentos de protección que permitan la materialización eficaz y eficiente de los derechos a través de las garantías jurisdiccionales. Además, la ley debe cuidar que la administración de justicia no sea discrecional, y así evitar la impunidad y la corrupción. El sentido de la Ley es concebir una nueva sociedad respetuosa de principios y que vigile el cumplimiento de derechos, sin afectar otros, como el debido proceso, que pondrían en peligro el carácter de Estado Constitucional. La Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres debe tener como horizonte interiorizar en la población que el restringir, menoscabar o impedir el ejercicio de derechos por discriminación sexual y de género, solo ocasiona más daños e impide el derecho al desarrollo de los pueblos. Finalmente hacemos un llamado: Hagamos de la unidad en la diversidad nuestra fuerza. Es necesaria la organización y la autonomía del movimiento de mujeres en su diversidad. Levantemos nuestra voz en todos los espacios: frente al Estado, sus funciones e instituciones, los partidos y movimientos políticos y sociales, los medios comunicación, en la calle, en el trabajo y en la casa, para reafirmar que estamos en pie de lucha, que no vamos a renunciar a nuestras conquistas y a un futuro de igualdad y no discriminación como bases de la democracia.

El estado no puede soslayar su responsabilidad de ser el garante de nuestros derechos.

Documento realizado por: Asamblea de Mujeres de Quito Acción Ciudadana por la Democracia y el Desarrollo Movimiento de Mujeres Luna Creciente Organización Ecuatoriana de Mujeres Lesbianas Colectivo Acción Ciudadana Feminista