Infoecuador

Comunicado de la Coalición por las Migraciones y el Refugio

PRONUNCIAMIENTO DE LA COALICIÓN POR LAS MIGRACIONES Y EL
REFUGIO ANTE “OPERATIVOS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE
IRREGULARES” Y DEPORTACIONES IMPLEMENTADOS POR EL GOBIERNO
DE ECUADOR

La Coalición por las Migraciones y el Refugio como red de organizaciones y personas vinculadas con la promoción y protección de derechos humanos de las personas en movilidad humana (emigrantes, inmigrantes, desplazados/as, refugiados/as) en el Ecuador, expresamos ante la comunidad nacional e internacional nuestro enérgico rechazo a la adopción e implementación por parte del Estado Ecuatoriano de “operativos para la identificación de personas irregulares“ en el país, sustentada en una práctica de redadas, detenciones y expulsiones.

Estos operativos se han intensificado desde el 10 de junio en todo el país y se manejan con una concepción claramente restrictiva y criminalizadora de la población inmigrante, particularmente colombiana y cubana, a quienes se presenta como causantes del incremento de la violencia y delincuencia existente en el país.

De esta forma, aunque las autoridades sostienen que la deportación es una medida de control administrativo, la implementan como práctica de seguridad inserta en controles antidelincuenciales, fortaleciendo el nexo de personas de otras nacionalidades con la violencia y como una amenaza para el país.

Esta práctica devela la adopción de dispositivos de estigmatización y xenofobia, a través de operativos en zonas de mayor concentración de población y dirigidas a personas que por su apariencia, ocupaciones y dialecto se sospecha que están en situación irregular en el país.

La implementación de estos operativos develan además el incumplimiento de normas constitucionales y estándares internacionales básicos del debido proceso para deportaciones, como son:

1. Asistencia consular
2. Derecho a la defensa
3. Juzgamiento individualizado que permita que cada persona pueda exponer los motivos y circunstancias que han determinado su permanencia en el país.
4. Respeto al derecho de no devolución para las personas cuya vida, seguridad e integridad se encuentre en riesgo a consecuencia de la deportación.
5. Trato especial y preferente para personas en situación de riesgo: víctimas de trata, niños, niñas y adolescentes, mujeres embarazadas, mujeres y hombres jefes de hogar, personas con discapacidad, adultos/as mayores y personas que tienen
vínculos y responsabilidades familiares con personas ecuatorianas.
6. Prohibición de deportaciones colectivas.

La Coalición considera que la política adoptada por el Estado ecuatoriano atenta a los principios garantistas establecidos en la Constitución de la República en especial el Artículo 40 que reconoce el derecho a la libre movilidad humana y que no existen seres humanos ilegales, así como el Art. 416 num. 6 que propugna el principio de ciudadanía universal, la  libre movilidad de todos los habitantes del planeta y el progresivo fin de la condición de extranjero; y los Art. 11 num. 2 y 416 num. 5, que establecen la obligación del Estado de rechazar el racismo, la xenofobia y toda forma de discriminación.

El nuevo marco constitucional exige que las normas secundarias, así como planes o disposiciones de políticas públicas emitidas por el Estado, guarden la debida concordancia con la Constitución y por lo tanto no pueden restringir el contenido de los derechos ni las garantías constitucionales.

La decisión adoptada por el gobierno también refleja una falta de coherencia, en su discurso ante la comunidad nacional e internacional, entre propugnar protección para las personas ecuatorianas que se encuentran en situación irregular en el exterior, condenar las medidas restrictivas para éstos, y las acciones represivas hacia las personas extranjeras que se encuentran en similar situación en el Ecuador.

Lo paradójico es que el gobierno utilice los mismos argumentos en base a los cuales se han fundamentado las políticas y directivas de retorno europeo y de EEUU, como la recientemente aprobada ley de Arizona, esto es de seguridad, defensa del mercado nacional de trabajo y soberanía estatal, para legitimar los procesos de identificación y deportación de personas en situación irregular. La solución al problema de la irregularidad no es la deportación, sino la implementación de un serio proceso de regularización.

El incremento del delito es un problema más profundo que refleja deficiencias estructurales del modelo económico, político y social del país. La solución al problema de la delincuencia no está en la utilización de las personas extranjeras como chivos expiatorios, sino en garantizar el régimen del buen vivir y el establecimiento de un Estado constitucional de derechos y de justicia.

Para los casos de personas, cualquiera sea su nacionalidad y condición migratoria, que hayan cometido delitos, el Estado posee mecanismos jurídicos para su juzgamiento y sanción.

Frente a estos hechos, la Coalición demanda al gobierno nacional una revisión de su política migratoria interna, una justa adecuación de sus prácticas al marco constitucional y a los compromisos internacionales en materia de protección de derechos humanos, y por tanto el cese de esta política de deportaciones.

También hace un llamado a la comunidad nacional e internacional a estar activamente vigilante del respeto de los derechos de todas las personas en movilidad.

Quito, 18 de junio de 2010
Por la Coalición
Javier Arcentales
Secretario Técnico